92. Ed. cit., pág. [21] Ed. ; y en “D. [7] Muchas veces, influidos por la ideología de turno como ocurrió con la Convención de Naciones Unidas de Palermo, contra la Delincuencia organizada, especialmente sobre la Trata de Personas.Dice bien Robert Alexy, que la positivización (necesaria, para amparar los derechos humanos) no es sinónimo de “positivismo”; y en su obra “Justicia como Corrección” (1997), afirma que “(…) si bien toda injusticia no es necesariamente una lesión de un derecho humano, toda lesión a un derecho humano es injusta”. Full-text available. Por fin, resulta una contradicción semántica insalvable, que un “conflicto” entre particulares, deba ser solucionado mediante leyes penales indisponibles y al mismo tiempo “tengan interés social”. 2006. 51. El movimiento de liberación en el área penal y hasta en la religión. Universities Council Resolution –successful verification-: 01/07/2010. 1. es el encierro y la excepción es la condicionalidad (que debe estar claramente fundada, so pena de nulidad, según el art. Las cuatro última (de carácter procesal), se expresan en el art. El tenista sueco Andre Goransson, número 68 de la ATP y el japonés Ben McLachlan, número 70 de la ATP vencieron en los dieciseisavos de final del torneo ATP 250 de Adelaide en una hora y doce . Ni qué decir de los lamentables fallos por “travesticidio”. Queda así, un amplio margen de regulación para ordenamiento intermedios y más atenuados que el ordenamiento penal, como lo son el disciplinario o el contravencional cuyos bienes jurídicos protegibles son mayores en cantidad (aunque inferiores en gravedad) y aplicables más ágilmente para prevenir la escalada hacia el delito propiamente dicho. Del mismo modo, a la política criminal democrática corresponderá un derecho penal democrático; y a la política criminal autoritaria, un derecho penal autoritario. En rigor, el “(…) paralelismo con el pensamiento de Hobbes, Rousseau, Montesquieu y Beccaría es indiscutible; especialmente si repasamos sus conceptos en “De los delitos y de las Penas”. Universitaria - Ramón Areces; Vol. Madrid. Crisis del Derecho penal y de la pena. Este principio dicta que todo ciudadano ha de ser considerado inocente hasta que se tengan las pruebas y deducciones necesarias para demostrar fehacientemente su culpabilidad. En un homicidio, la víctima muere instantáneamente y “deja de sufrir”. El profesor costarricense Alfredo Chirino Sánchez, señala que se habla de un “Derecho Penal de riesgos”, que es otro mecanismo sutil para derruir y hasta eliminar los derechos subjetivos de los seres humanos y elevar peligrosamente al rango constitucional un poderoso constructo de nuestros días, que recibe el nombre de “derecho fundamental a la seguridad”.[37]. [4] “Causalismo y Finalismo en Derecho Penal”. Trotta, 2016. En efecto, con la primera de las visiones mencionadas anteriormente, el delito pasa a ser “un conflicto social entre víctima y victimario” (concepto de por sí antitético; porque un conflicto entre dos partes, no puede tener “carácter social” y si es de interés social, es de interés público expropiado parcial o totalmente a las partes, por lo que el Estado debe involucrarse resolviéndolo con mecanismos de prevención o perseguirlo y castigarlo, “para evitar que los particulares hagan justicia por propia mano”). Traducción de Perfecto Andrés Ibáñez. Los miembros del sistema judicial, deben tener conciencia de que son “Poder estatal” y no un mero “Servicio de justicia” dependiente del poder político, como postulan algunos subpensadores actuales. Ello impone una labor fundada, sabia, coherente y racional al momento de legislar[23], en el que anticipamos desde ya, que un Código Penal de fondo, es el Código de las Víctimas. y Tratados). Mientras que el derecho penal debe corresponder la función liberal del Estado de derecho. En la doctrina penal, se avizoraban cambios de paradigma, destacándose una cita de Roxin quien rescata la siguiente idea de V. Liszt: “(…) Las características del D.P., son por un lado la de Ciencia Social y por otro la de Ciencia Jurídica. f) En la década de los 80, se instaló en Argentina un discurso político con una buena porción de ideales pero vacío de sentido práctico (muy distinto al “Pacto de la Moncloa” que logró materializar España). Este discurso abolicionista se cayó en la década de los noventa. Solo refiere a penas de encierro y por defectuosos funcionamiento de los establecimientos penitenciarios. Roxin, Claus, Política criminal y sistema de derecho penal (Criminal Politik und Strafrecthssystem) Sergio Peña-Neira* Huelva, Universidad de Huelva-Imprenta Beltrán, 2009 * Licenciado-magíster en relaciones internacionales y europeas por la Universidad de Ámsterdam, y licenciado en ciencias jurídicas por la Universidad de Aconcagua; profesor e investigador en ciencias . DELITO DE PARRICIDIO Y FEMINICIDIO DERECHO PENAL II EL PARRICIDIO NOMEN JURIS: PARRICIDIO u HOMICIDIO DE AUTOR (Doctrina) Ley 29819: 27-12- Ley 30068: 18-07-2013 modifico el Art. Primeramente debemos resaltar que la Política. [25] Víctor Gómez Martín, “Nacionalsocialismo y Derecho Penal”, en “Derecho Penal y Estado de Derecho”, Ed. El principio de lesividad es una forma de definir o precisar cuál es el límite “racional” del poder punitivo del Estado, diferenciándolo de la exclusiva función de control social o de la de amparar el ordenamiento jurídico que no puede ser afectado o alterado por el delito[24]. Sócrates, Platón o Aristóteles ya se ocupaban del tema, atribuyendo los delitos a deficiencias físicas o mentales e incluso a la herencia. El desarrollo de la Política Criminal desde el Proyecto Alternativo. En las . Información, Conserjerías y Atención al Usuario, Alumni UMA (Asociación de Antiguos alumnos), Prácticas, Empleo, Orientación y Emprendimiento, Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad, Procedimiento para la admisión de Estudiantes, Cursos acceso para mayores de 25 y 45 años, Institutos Universitarios de Investigación, Centro de Experimentación y Conducta Animal, Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, Cursos certificados y con reconocimiento de créditos, Directorio de la Biblioteca Universitaria, Comisión de Investigación y Transferencia, Mapa de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS), Calidad, Planificación Estratégica y Responsabilidad Social, Enseñanza Virtual y Laboratorios Tecnológicos, Información, Conserjería y Atención al Usuario (SICAU), Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI), Ordenación Académica (Estudios de Grado y Máster), Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación, Máster en Derecho Penal y Política Criminal, Edificios y servicios centrales de investigación, Proyectos Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica. Las “oportunidades” de corregir su conducta se le dieron antes y a veces dentro de la legislación penal de fondo como ocurre con la Probation, la Conciliación o Mediación. Desde 1980, tratados internacionales, legislación procesal y ley penal de fondo (que hasta no hace mucho sólo se preocupaban única y ciegamente del imputado), comenzaron a “ocuparse” con mayor profundidad del rol y la intervención de la Víctima (no solo de la persona física, sino de las colectivas o grupos), especialmente de la mano de los cambios que se registraron en el Procedimiento Penal, lo que provocó una visión ampliada del “fenómeno criminal”, a partir de los estudios de Hans Von Hentig y Erich Mendelsohn, pero luego de sus seguidores en todo el mundo, gracias a los Simposios victimológicos internacionales que se sucedieron a partir de las dos últimas décadas del S XX, todo lo cual aceleró este “cambio de mirada” (interdisciplinaria e interpersonal) necesario y razonable. Diferencia entre Derecho penal y política criminal. cuadrados), es de una diversidad pocas veces vista. [9] Ed. Pues, qué norma o criterio habría que aplicar en orden a apreciar el carácter delictivo de los mismos. Carlos KÜNSEMULLER, "Praeter intentionem y principio de culpabilidad", en Derecho penal y política criminal, op. El Doctorado (PhD) en Derecho Penal y Política Criminal de SAEJEE University Madrid es por 4 to. Como sostendrá Ferrajoli, el D.P. No compartimos ligeramente la moderna y superficial postura de que el delito es un “conflicto social inter-partes”: entre víctima y victimario. El parlamento israelí vota la ampliación del derecho penal a los colonos. La Justicia debe diferenciar entre delitos comunes y crímenes horrendos. Pero el maestro alemán no renegó ni negó la importancia y naturaleza de ambas dimensiones del conocimiento. Políticas de Seguridad y Política Criminal. Clarísima confluencia de “Política Criminal”, “Victimología”, “Criminología” y “Derecho Penal”. Debe y tiene que estar incluida “en igualdad de condiciones que el imputado”, para colaborar con el estado en la labor antidelictiva y no como protagonista y responsable de esa lucha. Introducción. [19] Op. 01:15. No es un abolicionista como algunos pregonan “y él lo aclara”. Esa crisis puede ser leída en diferentes claves y a través de una multiplicidad de parámetros. . 2018. Recuérdese que en un principio y durante mucho tiempo, Criminología y Política Criminal fueron de la mano[8], en su desarrollo y crecimiento. En Argentina (al menos) todo transcurre parsimoniosamente, porque el Congreso Nacional trabaja en forma escasa y asistemática en cuanto a Políticas de Seguridad, mientras que el Poder Ejecutivo lo hace por su cuenta, sin coordinación institucional inter-poderes, hasta que ocurre algún hecho brutal que conmociona o “sacude” de su somnolencia a nuestra sociedad verdaderamente “ausente” (o ida). Cit. La Administración Pública (nacional y provinciales) suman el 21% de empleados públicos (de entre los cuales hay al menos 800.000 de verdaderos “becarios” o empleados “de más” que no trabajan —vulgarmente llamados “ñoquis”—). Si bien con los modernos códigos penales del S XIX y XX creció el estudio del Derecho Positivo, simultáneamente avanzó la Política Criminal con mayor vigor para diferenciarse de la Criminología (la cual precisó su objeto de estudio en el delincuente, el hecho delictivo, la criminogénesis y los factores que la provocan, las tipologías delictivas, sus causas, su proceso y sus consecuencias). No es un fin en sí mismo, sino un instrumento más de la paz social. Si ampliamos esta mirada, el 70% de la población se halla radicada en cuatro de esos 24 estados. iii) Diseño de ley penal, ya sea mediante delitos o contravenciones y pena[40], que amenazando represalia legal concreta a conductas disvaliosas, sean aptas para “impedir o disuadir” conductas indeseables que generen daños materiales, o peligros individuales o sociales (protección eficaz de bienes jurídicamente amparados) = Represión de conductas infractoras o delictivas = Amparo de las normas (mandatos o prohibiciones) = Mantenimiento del Orden Jurídico. Acerca de la Dogmática, Claus Roxin advertía sobre fines del S XX, que “la dogmática jurídico-penal” alemana atravesó por años una crisis —entre otros factores—, por la polémica (ya superada según el profesor chileno Eduardo Novoa Monreal[4]) entre causalistas y finalistas, que si bien dio frutos para la dogmática, obligó por años a desarrollar el debate científico dentro de los estrechos márgenes del positivismo jurídico de principios de siglo con lo cual, la tarea del jurista se redujo a: i) Interpretar el derecho positivo vigente, ii) Desarrollar un sistema cerrado conforme a principios lógico-deductivos, alcanzando preceptos concretos de la ley, y. iii) Ascender hasta los últimos principios y conceptos comunes a toda la ciencia penal. Págs. Y es el Poder Judicial el más interesado en mantener su neutralidad evitando el riesgo de politización tan favorable a los intereses de quienes le llevan a un terreno que no le compete. El derecho penal da al acusado las mismas y mínimas oportunidades de defenderse. Para peor, irrumpieron desordenadamente los Tratados Internacionales (bien intencionados en su mayoría, pero mal interpretados y peor positivizados por cada País)[7]. El riesgo de politización de la Justicia, que fomentan los partidos, debe ser evitado por los tribunales por la propia dignidad de su función. 4. Arquitectura y Patrimonio de . Al Derecho Penal, la Política Criminal, la Dogmática Penal, la Criminología y la Penología a las que se refería V. Liszt, bajo el nombre de “Enciclopedia Penal”, desde mediados del S XX se debe sumar la Victimología. En esta misma línea argumental deja en claro que el debate sobre la Política Criminal contemporánea oscila entre modelos más o menos eficaces de prevención y combate contra la delincuencia”[17]. Estudia la política criminal y el Derecho penal en el proceso de . La irrupción de la Victimología. Ni con la de Roxin y Stratenwerth, quienes coinciden absolutamente en la penalización de conductas que afecten a los animales y al medioambiente o a las condiciones que hacen posible la vida humana para las generaciones futuras (Roxin, Op. Cambios de paradigma, convergencias y dicotomías. [39] Coincide Víctor Gómez Martín, profesor de la Universidad de Barcelona. El derecho penal es el estudio de las normas jurídicas que establecen las infracciones, penas o sanciones, en otras palabras, las consecuencias de nuestros actos en cuestiones legales. Hay otras muchas mentiras totales o a medias, instaladas en la sociedad y en la opinión pública, pero sería interminable enunciarlas y describirlas brevemente en este trabajo. Tanto es así, que cuando Ferrajoli enumera los principios esenciales del “Sistema de Garantías penales”, menciona las mismas que existen en nuestra Carta Magna. Madrid- España. Se llegó a soslayar que el propio Kant, quien desde su insuficiente etiqueta de “filósofo”, adelantó muy importantes conclusiones y trabajos en los campos de: la ciencia, el derecho, la moral, la religión y la historia, habiendo logrado un compromiso entre el empirismo y el racionalismo, concluyendo que si bien todo nuestro conocimiento empieza con la experiencia, no todo procede de ella​, sino que la razón juega un papel importante. Sí con este ejercicio de solo medio minuto, El puré ideal para bajar de peso después de Navidad: saciante y bajo en calorías. Chirino Sánchez en su visión crítica del Derecho Penal y la Política Criminal actuales, concluye que no hay muchas opciones que el de retornar o centrarse en un “(…) Derecho Penal orientado por la Constitución y con él, un Derecho Penal sostenido (legitimado) por la necesaria protección de los bienes jurídicos”[36]. 18 Así mismo, su función es asegurar el óptimo funcionamiento de los organismos e instituciones penales, su desempeño y resultados. En medio de ese pandemonium político, dirigencial, social, educativo, de seguridad y defensa, se intenta elaborar un Código Penal nuevo, cuando ya se ha desperdiciado tiempo, dinero y esfuerzo, haciendo y aprobando un Código Procesal Penal y un Código Civil y Comercial de la Nación (ambos plagados de errores y criticables contradicciones según lo señala la mayor parte de la opinión jurídico-doctrinaria autorizada). “Tratado de Derecho Penal – Parte General”. 80. ); 2) Políticas de medios de comunicación (para la transmisión de valores, estereotipos e ideologías para contribuir a la estabilización social); 3) Ordenamientos jurídicos sancionadores más moderados e intermedios al derecho penal (función de policía delegada); 4) Medios de resolución de conflictos extra penales (justicia restaurativa), pero para aquellos delitos que así lo permiten; 5) Administración de Justicia con medios suficientes y un poder judicial realmente independiente del poder político; 6) Razonabilidad y proporcionalidad de las penas (al modo que lo veía Beccaría). Una correcta labor resocializadora, con los medios adecuados y necesarios, más el control absoluto de la Justicia de Ejecución, arrojará excelentes resultados como se observa en los pocos lugares donde se realiza correctamente esta labor. Con miras a proteger a los habitantes de un estado existen dos disciplinas que tienen por objeto de estudio el crimen, cada uno con diferentes métodos. [36] Op. de fondo, imponiendo la necesidad especialísima de proteger bienes valiosos jurídicamente para el individuo y la sociedad. [32] Casos de violencia intrapersonal o familiar, malos tratos sociales o particulares, mobbing, bullying, incumplimiento alimentario, agresiones verbales callejeras, formas de acoso genérico personal, laboral, institucional y otros, o las agresiones o molestias a terceros, o ruidos molestos en centros de salud o en escuelas, provocaciones callejeras, comportamientos inadecuados o reprochables en espectáculos masivos, actos de grave indisciplina escolar, abusos menores de autoridad, malos tratos de empleados públicos, etc. Todo mal. en 1921, se consideraba mínimamente a la víctima (al menos al momento de imponer la pena o indemnizar los daños causados por el delito); y, sobre fines del S XX, se le otorgó una mayor injerencia mediante el instituto de la Probation; en la actualidad se avanzó a la intervención autónoma de la víctima en todo el proceso, incluido el juicio y la posterior etapa de ejecución de sentencia. 3) Para mantener esta sinrazón, se incrementa la presión impositiva, que está entre las tres más altas del mundo (sin devolver servicios proporcionales a tamaña inversión). [41] En este punto, debe resaltarse la labor de dos autores que desarrollaron la Ciencia de la Política Criminal casi con un siglo de diferencia: Franz Von Liszt (Curso de D. Penal) y Klaus Roxin (Política criminal y Sistema de Derecho Penal). Hay escalas punitivas muy superiores para defender la propiedad o algunos delitos penales económicos, a los que defienden la vida, la libertad y la dignidad. El concepto de “peligrosidad” es ajeno a nuestro derecho penal y además resulta inconstitucional. Download Free PDF View PDF. es el verdadero banco de pruebas del derecho Penal, el que acerca a la vida cotidiana, de la calle y al tiempo en que desarrolla su función”[2]. “(…) El conocimiento de la pena es uno de los medios para la lucha contra el crimen puesto en manos del Estado, acercándonos al fundamento jurídico y de los fines del poder estatal penal; pero no nos conduce más allá del Derecho Positivo vigente”[15]. Seguramente, el rechazo inmediato y «ad limine» de muchas pretensiones evitaría o pondría freno a tan criticable práctica. Bien Jurídico Protegido (legitimante) y Victimología o Derechos de las Víctimas (individuales y sociales). Hassemer y Shünemann sostenían en pocas palabras, que “(…) la prohibición de una conducta (o su penalización) que no pueda vincularse con un bien jurídico, constituiría ´terror (o terrorismo) estatal´ (…) la limitación de la esfera de libertad no tendría ningún elemento legitimador del que pudiera extraerse su sentido”. . Derecho Penal y ciencia del Derecho Penal 1. Un buen ejemplo, es la casi “canalla” reforma legislativa en materia de homicidios culposos mediante el manejo de vehículos automotores. Vinculaciones e Introducción a dichas ciencias, B. Importancia de las reformas legislativas. Ni jueces, ni fiscales pueden ampliar su conocimiento confundiendo Derecho con moral. Para responder estos interrogantes (que no son tales, ni realmente ignorados sino una modalidad discursiva), distingue la protección de lo que llama “las personas de carne y hueso” de “sus derechos subjetivos” o de “los bienes empíricos ajenos al orden jurídico” (con lo que obliga a recurrir a la política criminal y a la criminología); ya que este planteo del profesor italiano, exige que bienes jurídicos y bienes empíricos, sean diversos de lo que es la protección de “la sociedad” o “de los bienes definidos desde dentro de ese orden jurídico”. Josefina Iturbe. Pero también la resaltan Lacruz López, y otros autores contemporáneos de la UNED. Introducción al Derecho Penal: 1.1. Todas contribuyen al necesario “control social” (normado conforme a la C.N. Introducción al Derecho Procesal Penal. En doctrina no hay acuerdo unánime en relación a quien utilizó por primera vez el término “Política Criminal”. Ya Franz Von Liszt sostenía hace más de cien años, que el Bien Jurídico Protegido, “(…) no era un producto del ordenamiento normativo, sino que eran conceptos que preexistían al orden jurídico, siendo propios de la vida o de las condiciones de vida de la comunidad estatal”. El poder hace a la esencia de la vida política, implicando una relación de mando y obediencia. Con el concepto mencionado al final quiero decir que las tendencias hacia un Derecho penal . [14] En verdad, el concepto es altamente preciso y destacable. La irrupción de la Victimología, obligaba a modificar la perspectiva de la teoría penal contemporánea y de las leyes dictadas en cada caso. En este contexto, se destaca el rol de la Política Criminal (como ciencia y labor legislativa), nunca suficientemente valorada como tal en ambas dimensiones; en particular por parte de los mismos políticos o sistemas políticos, quienes creen que al Congreso solo se concurre para hacer “Política General”, “acuerdos” de toda índole o “avalar decisiones o extravíos” del Poder Ejecutivo de turno (cuando no a enriquecerse)[41]. ¿En qué consiste el acoso a través de las redes sociales? Derecho de Personas y Familia (Derecho de Persona) prepa en linea sep; Administración; Principios de Bienestar y Felicidad (Bienestar pleno) Ingeniería de sistemas; Logística y cadenas de suministro (INH-1020) Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (Der0189) ingles (543210) Química (1F1) Novedades. No es un catálogo de castigos “vacío de contenido axiológico”. [24] Günther Jakobs. Por otro lado, el Derecho Penal, es un conjunto de medidas que limitan . Árabes, italianos, españoles, alemanes, turcos, iraníes, iraquíes, croatas, polacos, rusos, irlandeses, holandeses, coreanos, ucranianos, franceses, peruanos, colombianos, venezolanos, africanos, centro americanos, norteamericanos, mexicanos, judíos, musulmanes, ingleses, chilenos, chinos, bolivianos, paraguayos y uruguayos (que están a escasos kilómetros de nuestras fronteras), han hallado en este País las oportunidades que en su tierra no encontraron. 5. 2008., rememorando al Prof. Santiago Mir Puig, quien define al B.J.P. También es claro, que si bien el derecho positivo no puede confundirse con la moral, ni otro ordenamiento extrajurídico, en la Política Criminal son perfectamente admisibles (y necesarios) los datos de la moral, la ética y hasta las creencias, porque trabaja con la “realidad social” (que siempre es dinámica y cambiante). Me refiero en esta ocasión a la investigación abierta con ocasión de la investidura del alcalde como tal y las denuncias formuladas contra PSOE y PP en su pugna por conseguir el voto o la abstención de Nerea Belmonte para el caso, obviamente, de haber existido. [10] Ed. T.II, pág. Son inoponibles las quejas de la sociedad a la mala o insuficiente o ineficaz legislación, cuando “se ha desentendido” en la elección de sus representantes en los congresos nacionales u órganos legislativos penales. Hemos observado de qué manera el Derecho penal de la . También deben agregarse concienzudos trabajos e ideas de Claus Roxin, tanto en su obra “Política Criminal y Sistema del Derecho Penal”[9] como en la posterior “Fundamentos político-criminales del Derecho Penal”[10]; o las de otros autores, que obligan a repensar y revalorizar seriamente a esta mal llamada “disciplina”, que seguramente nos llevará a la conclusión de que es un verdadero “arte y ciencia” (doble carácter político/científico) para la ciencia penal general. La pena, además de ser la característica significante de esta rama del Derecho, luego de cualquier proceso que arrastra a una condena, es la consecuencia jurídico penal, política y necesaria del delito; y la descripción del delito, sus componentes, características y circunstancias se estudian en la “Teoría Jurídica del Delito”. Los principios que rigen el Derecho Penal son garantías para aquellas personas que son objeto de algún proceso penal y están amparados por la Constitución.. Principio de legalidad penal. Se incrementó el microtráfico de estupefacientes en casi todo el País, que favoreció el crecimiento geométrico del delito. Más de un argentino incauto, está convencido que los problemas delictuales del País se resuelven con el Código Penal; y la mala prensa (deformadora de opinión pública), alimenta esta ingenuidad. Revista en Ciencias Penales y Sistemas Judiciales, A. Derecho Penal, Política Criminal, Dogmática Penal; ¿y Ciencias Auxiliares? Con esa actitud de “indiferencia o ignorancia cívica”, casi que no hay derecho a la queja o al reproche social, porque con tal comportamiento, falta de responsabilidad y desinterés cívico, se genera un “coctel” esperable, que desemboca en las deficiencias legislativas apuntadas, lo cual no autoriza al legislador a eximirse de su obligación como parte del Estado y del Gobierno de un País sujeto a derecho. El delito es una conducta socialmente reprobable e indeseable, que si bien puede ser protagonizado por personas de carne y hueso y en algunos casos pasible de ser sometido a reparaciones pecuniarias, en otros casos es protagonizado por bandas o asociaciones ilícitas u organizaciones criminales y sus víctimas son impotentes para enfrentarlos, investigarlos y castigarlos. Un sistema penal que no contribuye eficazmente a garantizar la paz y la tranquilidad social e individual (como parte de la política de seguridad estatal), es “inútil” para el sistema institucional estatal y para la sociedad a cuyo servicio fue sancionado. 41 y ss. La Política Criminal más que disciplina o actividad auxiliar del Derecho Penal como se la presentó desde siempre, debe ser ubicada en su génesis misma (el político criminal “genera” derecho penal, ya que establece qué conductas son delitos y cuáles penas les corresponde, seleccionando tales disposiciones a partir de la necesidad de defender B.J.P. Debido a este programa tomó el nombre la Escuela Sociológica alemana o Escuela de Marburgo. Este último aspecto es el que realmente merece desarrollarse con mayor amplitud[18]. No es función judicial invalidar la aplicación de la ley penal desde la subjetividad, íntima convicción, orientación doctrinaria o ideológica. Esta concepción que para nosotros es clara desde mediados del Siglo XX, no lo fue tanto para la doctrina penal más calificada, que tozudamente, se concentró en el imputado cuando referían a sus garantías constitucionales, cuyo desarrollo no está contenido en las legislaciones penales de fondo, sino en las constituciones, tratados internacionales positivizados en los “ordenamientos procesales”. Como el norte de la protección (y legitimación de la existencia del Derecho Penal), es el amparo de las víctimas (individuales y sociales), hay que analizar profundamente la Victimología como disciplina preponderante[34], porque sin ningún pudor científico, debemos aceptar que las legislaciones penales de fondo, conforman el “derecho penal de las víctimas”. Según este principio no existe delito ni condena si no existe una ley que así lo indique. [5] “Política Criminal y Sistema del Derecho Penal”, traducido por F. Muñoz Conde – Ed. Determinar dónde está la frontera entre lo político y el Derecho Penal no es tarea fácil, pero tampoco tan compleja como para no poder evitar que jueces y fiscales se conviertan en algo diferente a lo que son entrando a conocer, bajo la apariencia de unos hechos que se califiquen de delictivos, en materias ajenas . [42] “Constitucionalismo más allá del Estado” – Refundar la Política – Ed. Una redefinición del discurso de las penas. El parlamento israelí votó el lunes por la noche en primera lectura un proyecto de ley para . es “una política de Estado”, relacionada con el fenómeno delictivo. I, 5ª ed. El Título de Máster Universitario en Derecho Penal y Política Criminal por la Universidad de Málaga se viene ofertando desde el curso 2015/2016 como enseñanza oficial de Máster Universitario (conforme a las disposiciones contenidas en el RD 1393/2007, de 29 de octubre). Introducción”, Servicio de Publicaciones de la Facultad de D. de la Univ. Ex Magistrado provincial y federal (Córdoba, Salta y Jujuy) 1983/2015. 17 y ss. Book. El sistema acusatorio garantiza la igualdad procesal entre las partes. Nos respondemos: la “lesividad” esencialmente refiere al daño o afectación que causa la “agresión delictiva” al bien jurídico protegido “en forma efectiva” (sea a la víctima individual o social o a sus derechos). Ed. de 1853. iii) Hallazgo de instrumentos eficaces que satisfagan ese aspecto del bien común. TEORIA DE LA ANTIJURIDICIDAD RAFAEL MARQUEZ PINERO. El sistema penal estatal, no puede abandonar ese espacio o estar ausente y “tercerizar su labor”. Es que aunque parezca totalmente ajeno, el primer paso de una sana Política Criminal, se enfoca en la “educación” y en la “formación” de las personas, porque es el primer paso (seguido luego de la labor de prevención) para combatir la escalada al delito u otras formas de criminalidad. Derecho penal, política y gobiernos de facto José Hurtado Pozo El presente, momento efímero, entre el pasado y el futuro, no puede ser entendido sin tener en cuenta la manera como es comprendido el primero y como es avizorado lo que está por venir. En estas condiciones ligeramente descritas (por razones de tiempo y espacio), no se puede seguir legislando —y menos en materia punitiva—, encerrados entre 4 paredes de un laboratorio ideológico, desconociendo mucho y profundamente la realidad y diversidad de toda una Nación como la Argentina u otras latinoamericanas que tienen el tamaño de 10 u 11 naciones europeas, con la diversidad étnica, cultural, y costumbrista más amplia de casi todo el orbe, ya que las diferentes etapas inmigratorias, conformaron una población sumamente diversificada. Pero en esta labor, no se pueden obviar principios fundamentales y en particular las garantías constitucionales esenciales, que limitan la subjetividad legislativa y el clamor público por el castigo de determinadas conductas. Con esa visión, el delito deja de ser una conducta antisocial que repugna a la convivencia pacífica de la sociedad que justifica e impone la actividad estatal (o sea una conducta marginal o residual de la colectividad general que trabaja y vive honestamente cada día). Derecho penal, criminologia y politica criminal. Estos disparates, que reaparecen en forma recurrente en nuestras aún inestables democracias, nos demuestran que las garras del totalitarismo, están vigentes y tan afiladas como siempre. Escalas de política criminal: Una introducción a través de la lectura crítica. Muchas veces lo ha afirmado así el Tribunal Supremo. Resumen. Tales son: a) Nulla pena sine crimine; b) Nullum crimen sine lege; c) Nulla poena sine necessitate (Política Criminal); d) Nulla necessitas sine iniuria o principio de lesividad (Política Criminal); e) Nulla iniuria sine actione; f) Nulla actio sine culpa (principio de culpabilidad); g) Nulla pena sine iudicio; h) Nullum iudicium sine accusatione; i) Nulla acussatio sine probatiene; j) Nulla probatio sine defensione. La reclusión por tiempo indeterminado es inconstitucional (art. Además, se desarraiga a las ciencias penales (que guste o no son sociales por excelencia), del resto de las “ciencias del ser” evitando la interdisciplina, que como bien sostiene Juan La Cruz López no puede ser apartada de una sana Política Criminal, que con visión de conjunto aborde el fenómeno criminal (y ello incluye la educación, la puesta en valores, la revigorización de los conceptos éticos, la sociología, la psicología y otras disciplinas indispensables). Bs.As. En la Edad Media hubo algunos estudios sobre crímenes aislados. Todo ello, porque en realidad la ideología de la inseguridad ciudadana es una cortina que oculta, dos fenómenos perversos para nuestro sistema institucional: a) El desmantelamiento del Estado de Bienestar y, b) La desregulación e imprevisibilidad en que ha caído el mundo, principalmente por el proceso de globalización. 52). [20]En “Introducción al D. Penal”, Ed. La legitimidad de todo sistema penal, reposa en la necesidad de proteger la seguridad, la paz y la tranquilidad (valores irrenunciables para la vida en sociedad) de las personas y la sociedad que se traducen en el C.P. Observamos una peligrosa y creciente tendencia a poner por encima de la ley, criterios fundados en presuntas razones de Política Criminal o de razonabilidad, o (a veces) elucubraciones doctrinarias y jurisprudenciales foráneas (en especial españolas, alemanes y estadounidenses), que por responder a legislaciones y realidades sociales diversas, confunden a nuestras sociedades, ya descreídas no solo de la Justicia, sino también de la ley, instituciones y la seguridad jurídica. O, como ejemplo más cercano, las cesiones del Gobierno a Podemos en RTVE a cambio de su apoyo en el techo de gasto. Lo real es que durante milenios la humanidad no encuentra otro sistema alternativo superador al encierro (especialmente para delincuentes mayores). Falso. Hay una triste realidad que resume nuestra realidad: “En Argentina te matan por un par de zapatillas”, mientras la educación, la salud y la cultura del trabajo y la meritocracia se pierden como modos de vida legítimas. vigente, de su aplicación y de la Criminología, cuando no valora y establece prioridades fruto de la. Con posterioridad H. Jescheck (en la Universidad de Friburgo) integró la ciencia penal alemana a la de la comunidad internacional. Sin recursos —de toda clase— son muy remotas las posibilidades de revertir a corto plazo, las falencias en: a) el sistema educativo; b) de salud c) ni generar fuentes de trabajo que contribuyan a la verdadera inclusión social, d) acotar el delito, y e) menos aún el control de las fronteras mediante la defensa nacional (que es imprescindible) para tan extenso y rico territorio. En su obra “La doble naturaleza del D. Penal”[21], R. Alexy evoca a G. Radbruch que desarrolla una idea similar, al plantear en primer lugar el carácter de justo o injusto, moral o inmoral, correcto o incorrecto de las normas jurídico-penales; y agrega (en Justicia como corrección): “(…) El análisis exclusivo y excluyente de la ley penal perdería mucho de su significado, ya que por detrás de lo positivo (derecho penal) sigue estando viva la pretensión de la corrección en un sistema constitucional, con su inclusión de la moral y por ende de la Justicia”. Un Ayuntamiento puede modificar sus reglamentos para conceder una dedicación exclusiva, contratar un asesor si quiere y no hay norma alguna que prohíba que tales decisiones tengan como base el voto de un concejal o acuerdos entre los diversos grupos para conformar mayorías. Luego, recién se concentrará en los mejores métodos punitivos y el alcance y función que le dará a cada una de las formas de sanción impuestas. Estas medidas tienen como base el principio de imparcialidad y proporcionalidad.. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. Editorial Bosh, Barcelona 1972. Tras la incorporación de su Instituto a la Sociedad Max Planck para el Avance de la Ciencia en el año 1966, se amplió el grupo de trabajo de “Derecho Penal” y de “Derecho Penal Comparado” gracias a la creación (en 1970) de una sección de Criminología, que estuvo a cargo de Günther Kaiser. Tirant Lo Blanche, 2011. Además y por regla, toda consecuencias del delito es pública, interesa al todo social y deben ventilarse públicamente, mientras que pueda dejarse librado a manos de los particulares, las consecuencias indemnizatorias o la intervención de la víctima en el contralor de todo el proceso penal (incluido el de ejecución de la penas). • Política criminal conceptualizada como el conjunto de estrategias que son dirigidas a prevenir la comisión de delitos. para la Nación Argentina de 2016. A ellos, se suman varias decenas de miles de pobladores originarios de muy diversas etnias distribuidos entre el noroeste, noreste y sur de nuestro territorio, a quienes la reforma de la Constitución nacional de 1994 y los Tratados internacionales, les reconocen derechos y dispensan un trato especial que a nuestro entender, “los excluye” más que incluirlos en la Nación porque los regímenes de excepción que se les aplica, los aleja del “común” de la ciudadanía, lo que muchas veces genera reacciones adversas y hasta xenofóbicas. En las últimas décadas la Criminología está cobrando un protagonismo muy especial en los medios de comunicación. Se destruyó el sistema de defensa, se envilecieron las fuerzas de seguridad (que inevitablemente también se corrompieron), la educación, la cultura del trabajo y se trató de acorralar y paralizar a la mayor parte del Poder Judicial, donde se generaron divisiones que se extendieron en otros sectores sociales al extremo del fanatismo (incluida la familia), que a la postre se llamó “la grieta” (por creación de un periodista reconocido). Respecto a Chile, cfr. Last Updated: 05 Jul 2022. En rigor son “ciencias o disciplinas” diferentes en su objeto de estudio, metodologías de abordaje y en algún caso diversa naturaleza; pero todas se enfocan desde distintos ángulos en estudios o conocimientos penales; por ende son autónomas, pero no “auxiliares” sino y muy por el contrario —como lo trataremos de demostrar— absolutamente complementarias y desde ya interrelacionadas. 4. Un primer avance en esta misma postura que sustentamos lo llevó a cabo Von Liszt, quien llamó “Enciclopedia de las Ciencias Penales”, a la suma de conocimientos referidos al ámbito penal, incluyendo: Derecho Penal, Política Criminal, Dogmática, Criminología (y hoy agregamos a la Victimología), todas ellas indudablemente interdependientes. 123/4; Hammurabi. Bs. ii) Exigencia de la determinación de normas en forma de mandatos o prohibiciones = Orden Jurídico (así conformado, hace que su vigencia resulte indispensable para ordenar y “controlar” democrática y racionalmente la vida en sociedad garantizando la paz, la seguridad y la tranquilidad general en una comunidad cívicamente ordenada y civilizada). 14 de la ley de estupefacientes. Bajo su dirección, el Instituto Max Planck para el Derecho Penal Extranjero e Internacional de Friburgo, pasó a ser uno de los centros de investigación líderes en el campo del Derecho Penal y la Criminología, lo que atrajo a cientos de penalistas y criminólogos de todos los continentes. Así, modificó paradigmas y causó cierta molestia en doctrina pero con el débil argumento de que la intervención del damnificado en el proceso incrementaría los puntos de conflicto en juicio, con planteos fundados más en la necesidad de “vindicta personal” que “justicia pública”. Esto permite lograr un derecho adecuado a la realidad y eficaz en su contenido y objetivos. penal, en que se extiende más allá del Derecho. Pero atención: “última ratio” (última instancia o solución —postulada por Ferrajoli—), presupone que hubo un “antes” (o varias “instancias previas”). Esta labor también corresponde a la Política Criminal (Congreso Nacional), basada en los aportes de los estudios y conclusiones de la Victimología (esencialmente) y de la Criminología que analizan desde ópticas diversas o (a veces) complementarias, los potenciales “daños” o “peligros” para las personas o para la sociedad. iv) Diseño de Procedimientos racionales y aptos para que la Justicia pueda perseguir y castigar delitos (según la Política Criminal y dogmática procesal penal). La “protección de derechos personales y colectivos” requiere de leyes claras, precisas, razonables e idóneas, que seleccionen los intereses a proteger y el modo racional de hacerlo, por lo que acto seguido deben diseñarse delitos, sus circunstancias agravantes y atenuantes, penas y hasta alternativas sancionatorias eficaces, que también sean eficaces (adaptadas a la C.N. Distinta a la llamada Escuela Dogmática pura (positivismo científico), que dominó el S.XX y parte del XXI, los nuevos horizontes de estudio en nuestros sistemas penales y sus especializaciones, revelaron la necesidad de interrelacionar, revisar y entrelazar conceptos y terminología que se correspondieren con todas ellas, al punto que en algunas cuestiones no se puede prescindir de tal vinculación para crear, interpretar y mejor aplicar la Ley Penal, dentro de ese universo mayor, llamado modernamente: Sistemas Penales[3]. Especialista en Derecho Penal (por la Universidad Católica de Salta) 2018. evaluación de resultados empíricos. Igual de sombrío es el panorama en materia de políticas de seguridad, y costará años revertir las “corruptelas” institucionales que durante las últimas épocas crecieron cómodamente en un sistema totalmente degradado, ya que sus defectos pasaban disimulados o eran desconocidos. Criminal se distingue de la dogmática jurídico. Ello no reniega de que el Derecho Penal como sistema u ordenamiento jurídico, pertenezca al mundo del “deber ser” y así debe continuar de manera ineludible. La vigencia de la protección penal desde el BJP. Roxin advierte que “los bienes jurídicos protegidos” (entendidos como intereses particulares y sociales relevantes), son en esencia “(…) los límites de la facultad de intervención penal (creación de la ley penal), que deben extraerse de la función social del Derecho Penal y la utilidad que presta a la sociedad que rige”.
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