BARBER BURUSCO, Soledad, Alcance de la prohibición de la retroactividad en el ámbito de cumplimiento de la pena de prisión, Dykinson, Madrid, 2010. La reserva legal implica, entonces, una prohibición al reglamento de     entrar por su propia iniciativa al ámbito legislativo acotado; pero no prohíbe al    legislador autorizar al ejecutivo para que así lo haga y con los requisitos que más atrás se han expuesto. sancionador discurre por cauces semi paralelos pero separados. El Derecho Administrativo suele ser descrito como un derecho formado por un equilibrio entre los privilegios de los poderes públicos y las garantías de los ciudadanos. La potestad sancionadora de la Administración Pública enlaza directamente con los principios que inspiran el Derecho penal, dado que ambas potestades son expresión del Ordenamiento Jurídico del Estado, tal y como expresa el propio Texto Constitucional ( art. para la existencia de una auténtica cultura de cumplimiento en la organización a la actividad de los particulares e impartirles órdenes para la tutela de la DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (*) TOMAS CANO CAMPOS 1. en contra de lo que sucede en la Ley General Tributaria, la norma de de 1981) coinciden en que "los principios inspiradores del orden penal legalidad y el interés general, resulta esencial atribuirle la facultad de 9 Sostiene al respecto Aróstica: "Resulta verdaderamente paradojal comprobar que mientras se viene abogando por el Esto significa que cada vez que visites esta web tendrás que activar o desactivar las cookies de nuevo. Read more ISBN-10 8430954767 ISBN-13 978-8430954766 Edition edición Publisher Tecnos Publication date April 17, 2012 Language Spanish Dimensions Por lo demás, el mencionado autor distingue en tercer lugar las sanciones tributarias, reguladas en el Título IV de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. ¿Cuál es la situación actual del Derecho administrativo? materia de competencia. Los Principios del Derecho Administrativo Sancionador. En el ámbito disciplinario también puede ocurrir que se judicialice la imposición de las sanciones disciplinarias, que es lo que ocurre en la nueva legislación mexicana concretamente en la Ley General de Responsabilidades Administrativas que atribuye a la competencia del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa de la Federación la imposición de sanciones por faltas graves. Se trata, como ya se señaló, de pasar de una visión del Derecho de policía que ya no es funcional a una de Derecho administrativo sancionador que no tenga la represión como única alternativa y que el régimen de infracciones sea consecuente para la defensa de los derechos individuales, intereses públicos e intereses generales. La Contraloría General de la República, a través del dictamen Nº 24.731-2019 reconsideró su jurisprudencia administrativa histórica sobre esta materia, y estableció que ahora cabía aplicar supletoriamente, como Derecho Común, ya no el Código Penal (6 meses), sino que el Código Civil . Cabe destacar que no se desconoce la importancia de encontrar en los principios aplicables al procedimiento sancionador la protección necesaria contra un procedimiento arbitrario que pudiera ser instaurado a un servidor público, se trata, por el contrario, de observar que en materia disciplinaria administrativa el servidor público estará en una situación especial, distinta de la posición jurídica del particular, frente al ordenamiento administrativo. Este sitio web utiliza cookies para mejorar tu experiencia mientras navegas por el sitio web. función, así, en primer lugar, es una llamada al legislador para que exista una En este sentido el ordenamiento y los criterios jurisdiccionales pretenden observar en el derecho penal la protección de garantías frente a la potestad punitiva del Estado que también deben guardar los procedimientos sancionadores con sus respectivos límites para cumplir su finalidad en la protección del servicio público. de la Competencia, en su artículo 64 recoge, en primer lugar, los criterios Finalmente, la comparación no radica en el origen punitivo de la actividad penal y disciplinaria sino en la protección delos derechos procesales de los particulares sujetos a ella. Mientras que en países de nuestro entorno como Alemania, Francia o Se trata de un caso en el que la norma tiene por objeto el control de la corrupción en materia de contrataciones públicas y permite que se inhabilite a un servidor público sin que haya en su contra una resolución firme. Esta cuestión no es baladí, pues la resolución va dirigida a alguien que está dentro de su propia esfera y se sujeta al principio de legalidad. Alina del Carmen Nettel Barrera ¿Es válido el despido disciplinario por el incorrecto registro de jornada de forma continuada? “La potestad administrativa sancionadora y el ius puniendi del Estado ente los derechos humanos” en Derecho administrativo un ámbito de respecto, promoción y protección de los derechos humanos, Tirant Lo Blanch, México, 2016. El ejercicio del ius puniendi del Estado, a través de la capacidad de imponer sanciones administrativas, implica una de las actuaciones más incisivas de la Administración en la esfera jurídica de los particulares. Download Free PDF View PDF. En esta clase te voy a explicar a través de un caso con 3 predeterminaciones de Contraloría cómo puedes usar los principios del derecho administrativo sancio. objetivos en la determinación de las penas limitaría la indeterminación del derecho administrativo sancionador. La aplicación de criterios Derecho y Procedimiento Administrativo Área Los principios del derecho administrativo sancionador: análisis teórico-práctico en el marco de la administración pública Informe Especial 1. Garantías del derecho penal en la aplicación del Se trata, en definitiva, de observar que la asimilación de principios debe considerar las semejanzas pero también las diferencias para que la comparación sea realmente útil. . Por el principio de separación de poderes las infracciones disciplinarias deberán estar tipificadas por medio de la legislación. 49, 51, 65 y 73). PALAVRAS-CHAVE Es ya con nuestra Norma Fundamental cuando éste adquiere los rasgos del Derecho Administrativo sancionador. garantías suficientes al proceso administrativo sancionador para colmar las La potestad disciplinaria de la Administración para aplicar una infracción disciplinaria por medio de un procedimiento sancionador disciplinario es también denominadaprocedimiento de responsabilidad administrativapor la Ley General de Responsabilidades Administrativas de México.Las autoridades a las que la legislación les atribuye esa competencia, en la variedad de potestad administrativa sancionadora, tienen la obligación instituir un procedimiento administrativo disciplinario para proceder a la imposición de sanciones. 47. ¿A qué nos referimos con Derecho administrativo sancionador? No obstante lo anterior, tras la entrada en vigor de la Constitución Esta variada regulación ha dado lugar a ciertas disparidades, por ello, Juan Alfonso Santamaría Pastor ha distinguido entre un tipo común de modelo sancionador, previsto para las relaciones de sujeción general de los ciudadanos con la Administración (opera en sectores como aguas, urbanismo, transportes terrestres, costas, etc. Gerónimo Rocha Pereyra - Sobre el derecho administrativo sancionador - en Revista de Derecho Administrativo - Año 2003 - pág. SANZ PÉREZ, Ángel, Función parlamentaria y potestad disciplinaria: sanciones y procedimiento, Corts. Vale la pena señalar que el modelo que ha escogido México de represión de la corrupción se atreve a incorporar a los particulares a un régimen sancionador único junto con los servidores públicos. Abogada especializada en Derecho Administrativo. Pulsando en ACEPTAR, consientes el uso de todas estas cookies. 3. responsabilidad y que, en consecuencia, otras circunstancias puede ser llamadas El acto administrativo. En el artículo 230 de la LPAG, se encuentran establecidos un total de 11 Principios aplicables al Derecho Administrativo Sancionador, incorporándose el Principio de Culpabilidad y redefiniéndose los Principios de Debido Procedimiento, Razonabilidad y Tipicidad. Podemos definir la sanción como un mal infligido por la Administración a un administrado como consecuencia de una conducta ilegal. luisgerardorodríguez@gmail.com 1.9.1.5) Con el Derecho Municipal: El Derecho Municipal, no es más que Derecho Administrativo puro aplicado a un ámbito particular o especializado: El comunal o Municipal . Finalmente, las inhabilitaciones como la separación o suspensión temporal del cargo, pérdida de remuneraciones, entre otros, para el caso de que la conducta sancionada ponga de manifiesto una posible irregularidad en el futuro. Podemos observar la dificultad de sostener la homologación de principios, entre el ámbito penal y el administrativo, cuando nos referimos a principios de distinta naturaleza. 15.11. 2018 • David Puerta. De estas, las cookies que se clasifican como necesarias se almacenan en tu navegador, ya que son esenciales para el funcionamiento de las funcionalidades básicas del sitio web. Por el contrario, precisar la identidad del ius puniendi propio del Derecho administrativo sancionador, a partir de la perspectiva que ofrece el derecho disciplinario, puede optimizar y hacer funcional el sistema de responsabilidades de los servidores públicos. debida adecuación entre el hecho infractor y la sanción. Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador - actualización el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada con Resolución Directoral Nº 002-2017-JUS/DGDOJ, de fecha 7 de junio de 2017. La protección de la confidencialidad en el ámbito de la contratación... El plazo de caducidad en el procedimiento sancionador, La doctrina de los actos propios y su tutela en el derecho administrativo. proporcionalidad y benevolencia, propios del derecho penal y directamente En el primer caso la traslación del principio desde el derecho penal se justifica plenamente, sin embargo, desde el segundo punto de vista, la presunción de inocencia debe partir de la naturaleza y fin que persigue la actuación del servicio público, en el entendido de que el ejercicio de la facultad otorgada al servidor público implica la sujeción al principio de legalidad. La reestructuración del procedimiento administrativo sancionador en el marco de la normativa de las Contrataciones del Estado: . La Administración sanciona en los dos órdenes con los cuales la Administración sostiene una relación de supra-subordinación: Los administrados/particulares y los empleados/servidores públicos. Anticorrupción en contrataciones públicas. La web ePUBteca.com te ofrece la posibilidad de descargar este libro en epub, pdf y audio. Os resultados obtidos mostram que os critérios dos tribunais federais não mantem uma posição clara sobre o tema da tutela no direito disciplinar. En cualquier caso, independientemente de los distintos modelos expuestos, y partiendo de la regulación constitucional y legal, hay que apuntar que la potestad sancionadora de la Administración se ajusta a una serie de principios básicos, que pueden estructurarse en dos bloques, según sean principios configuradores del régimen sancionador o principios relativos a su aplicación: Entre los principios relativos a su aplicación: ¿Cuáles son los trámites fundamentales del procedimiento administrativo sancionador? La reciente STS de 17/2/2022 (RC 2314/2021) fija la siguiente doctrina jurisprudencial en relación con las sanciones previstas en la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional: "La respuesta a la cuestión de interés . Mª Carmen Escriche Monzón. La exclusión voluntaria de algunas de estas cookies puede afectar a tu experiencia de navegación. proporcionalidad). El acto inexistente y la presunción de validez. Derecho Administrativo Sancionador y prescripción. Elobjeto y naturaleza del derecho administrativo sancionador. El trabajo tiene por objetivo general analizar, desde una perspectiva crítica, la aplicación indiscriminada de los principios del derecho penal en el ámbito administrativo sancionador. Profesor-investigador de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. d) del Código Penal trasladada al ámbito de los programas de cumplimiento en En este sentido, Alejandro Nieto sostiene que el Derecho administrativo sancionador no se subordina al Derecho penal pues los instrumentos (que vienen a ser los principios y técnicas) tienen una maduración teórica en el derecho penal superiorsiempre y cuando se consideren que como una vía para robustecer la potestad sancionadora de la Administración del Derecho público estatal (Nieto, 2006:85-86). atenuantes de la responsabilidad administrativa, siendo valorados como tales e a la atenuación de la sanción, debemos abordar los argumentos de la Comisión 2. Especialmente debemos reclamar, De manera que tenemos principios penales sustantivos que sólo nos interesan en la medida de que han influido en la formación de los principios propios del Derecho administrativo sancionador como se examinó en la ponencia en la sentencia de 19 de febrero de 2014, un campo que forma parte de la mencionada unidad punitiva del Estado y de esos principios, aquellos que son susceptibles de ser aplicados en el procedimiento administrativo, con finalidad garantística adjetiva se consolidan en el sistema sin perjuicio del objeto de tutela administrativa. sancionador. En este punto se analiza la interpretación que desarrolló el Tribunal federal sobre los principios del Derecho administrativo sancionador para optimizarlos y amparar al justiciable, y la postura, no muy desarrollada por la ponencia y en buena medida ambigua, en el sentido de que la naturaleza del Derecho administrativo sancionador se identifica con el Derecho público estatal. Clases de nulidades. La sentencia fue aprobada por unanimidad de votos el 19 de febrero de 2014 teniendo como magistrado ponente a Jorge Humberto Benítez Pimienta. En la sentencia de 19 de febrero de 2014 el magistrado ponente definió así al principio de tipicidad: “el principio de tipicidad se cumple cuando consta en la norma una predeterminación inteligible de la infracción y de la sanción; supone en todo caso la presencia de una lex certa que permita predecir con suficiente grado de seguridad las conductas infractoras y las sanciones.” (Sentencia de 19 de febrero de 2014). El Derecho administrativo sancionador se dirige a la tutela de intereses públicos e intereses generales, en este marco, Derecho disciplinario se enfoca a la protección de bienes jurídicos específicos en materia del servicio público del funcionario. se refleja, entre otras cosas en la práctica, en el establecimiento de La diferencia sustancial que se establece entre el derecho penal que protege bienes jurídicos protegidos (Nieto, 2006:185) y el derecho disciplinarioque regula relaciones especiales de sujeción y deberes del funcionario (Gómez, 2012:51-68) implica que las infracciones disciplinarias no constituyen delitos porque su fin es otro, correspondiente al del derecho administrativo sancionador, que protege intereses públicos y generales (Nieto, 2006:185). 8. La Administración ordena y protege el interés público a través de la aplicación de una sanción y esta actividad cobra particular importancia cuando se dirige al buen funcionamientode la organización y el servicio público. En el derecho español, la potestad sancionadora se regula, por primera vez, a En este punto se pueden observar las precisiones de Alejandro Nieto acerca del ius puniendi del Estado, es decir que, trasladado al ámbito disciplinario éste debe emplear las técnicas del Derecho administrativo sancionador y por ende, del Derecho público estatal. AGUADO I CUDOLÁ, Vicenç “El Codi de conducta i el règim disciplinaria l’Estatut Basic de l’EmpleatPublic i el seudesplegament a la legislació catalana de la funciópublcia”enComentaris al règimestatutaridelsempleatspublics, Escola de Administració pública de Catalunya, Barcelona, 2009. También la doctrina ha analizado la incorporación de los principios penales a los procedimientos del Derecho administrativo sancionador aprovechando el desarrollo de la dogmática penal en la protección de la seguridad jurídica (Rendón, 2016:224). La obra que tienen en sus manos, expone un Sistema de Derecho Administrativo Sancionador Español actual liberado ya casi por completo de las servidumbres tradicionales impuestas por el Derecho Penal. La sanción disciplinaria depende de una adecuada sistematización que reconozca su naturaleza. tratándose de una potestad Este último y su cuantía puede ser declarado por la misma Administración si es a ella a la que hay que indemnizar, aunque si hubiera que hacerlo a un tercero, la indemnización será fijada por los órganos jurisdiccionales del orden civil. 1. En Legal Today utilizamos cookies técnicas propias para el usuario pueda acceder y navegar por la web; analíticas de terceros para medir la audiencia y analizar el comportamiento de los usuarios; y publicitarias de terceros para generar audiencias y ofrecer publicidad personalizada a partir de los hábitos de navegación de los usuarios. La ponencia del Tribunal federal consideró que la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativano garantizó el principio de presunción de inocencia del justiciable protegido por la Constitución en el artículo 20, apartado B, fracción I y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 8(2), en dicho procedimiento administrativo sancionador. Judicial, la Autoridad Administrativa deberá valorar o no la concurrencia de Esta obra ofrece un análisis pormenorizado de lo que constituye el Derecho Administrativo Sancionador en nuestro país, comparándolo en ocasiones con lo que es en otros países de nuestro entorno.. Buy Derecho Administrativo sancionador by Victor Rafael Hernandez-Mendible online at Alibris. por el derecho penal para el cálculo de las penas (art. De la sanción a un servidor público se espera que imponga disciplina a quienes gestionan los intereses y los recursos públicos en el marco de un derecho especial, de carácter estatutario (García, 2011) propio de un ente de derecho público, la Administración. Llegados a este 188 regulan de forma precisa y objetiva el cálculo al que deberá procederse del derecho penal, faltando a la necesaria y precisa tipificación de las KEY WORDS:  ElTribunal determinó que a la parte quejosa se le violentaron derechos en el procedimiento administrativo, como el principio de presunción de inocencia, por lo que aplicó la suplencia de la deficiencia de la queja en materia administrativa y realizó un control de convencionalidad ex oficio del artículo 8 (2) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que protege el principio de presunción de inocencia en los siguientes términos “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”. Se trata, en suma, de una tarea de integración, no de desplazamiento.” (Nieto, 2006:169). dictatorial previo a la Constitución de 1978. negar tal consideración a la circunstancia contenida en el artículo 31 quarter esencial esgrimido por la Comisión es la imposibilidad de inferir la eficacia A continuación pasaremos al examen de cada uno de los principios que la sentencia interpretó para argumentar su resolución, los cuales interesan en su aplicación a los procedimientos sancionadores de los servidores públicos. la eficacia o no del programa. Mediante el procedimiento sancionador se garantiza la imparcialidad y objetividad en la actuación administrativa. JALVO, Belén Marina, El régimen disciplinario de los funcionarios públicos (Fundamentos y regulación sustantiva), 3ª ed., Editorial Lex Nova, Valladolid, 2006. No recogen ningún tipo de información personal. Estas cookies no requieren el consentimiento del usuario. La respuesta la encontramos en el numeral 188.6 del artículo 188 de la LPAG, sobre el silencio administrativo, el cual establece que " [e]n los procedimientos sancionadores, los recursos destinados a impugnar la imposición de una sanción estarán sujetos al silencio administrativo negativo. Aspectos generales 5. De no hacerlo la Administración estaría contraviniendo su deber de atender el mandato constitucional del sistema de responsabilidades de los servidores públicos. 49,51,65 y 73). Se trata de una visión más propia del Derecho administrativo que la perspectiva represora que caracteriza al Derecho penal. Se debe señalar que, por una parte, la separación del cargo de manera precautoria podría proveer los mismos efectos del test de proporcionalidad que valida una norma discutible. Las sanciones que pueden imponerse a estos últimos están regulados por las normas administrativas disciplinarias. El hecho de que la nueva ley de responsabilidad administrativa de los servidores públicos implique a los tribunales para conocer de las faltas graves cometidos por servicios públicos no excluye la posibilidad de seguir construyendo las bases de la aplicación del derecho disciplinario sancionador bajo una interpretación propia para el derecho público estatal y no estrictamente penal. En definitiva, la posibilidad de aplicación de los criterios penológicos en este tipo de supuestos. Estas cookies se almacenarán en tu navegador solo con tu consentimiento. Desde otra perspectiva, el derecho disciplinario se ha estudiado a partir del análisis de la capacidad del Estado para castigar en el ámbito penal y, en esta medida, se han asimilado los principios penalistas a la aplicación de las sanciones administrativas. Volver a los detalles del artículo GÓMEZ TOMILLO, Manuel, Derecho administrativo sancionador (parte general). Desafortunadamente, El Derecho Administrativo Sancionador tiene una importancia fundamental en nuestro ordenamiento jurídico. Open navigation menu Close suggestionsSearchSearch enChange Language close menu Language English(selected) español português Deutsch français En los últimos años, la validez de las resoluciones jurisdiccionales se determina en función de la garantía de los derechos humanos, lo que abona el camino a favorecer el control de las autoridades a través de una argumentación garantista, en particular, en aquellos ámbitos particularmente delicados por la trascendencia del ejercicio de la potestad pública. Mientras que en países de nuestro entorno como Alemania, Francia o Italia en el siglo XX se desarrolla una teoría propia en torno a esta rama del derecho administrativo, no sucede así en nuestro país, posiblemente por el uso . "Los principios de Derecho Administrativo Sancionador", en Revista de Derecho Público, Departamento de Derecho Público, Facultad de Derecho, Universidad de Chile, Nº 69/2, 2007, p. 24 y ss. sancionador, (ii) no encontrándose determinada la forma de aplicación de los Originariamente se encomendó en exclusividad este poder represivo a los órganos jurisdiccionales del orden penal, por su independencia en relación con el poder ejecutivo, de hecho, la misma Constitución gaditana (1812) prohibía al Rey de manera expresa imponer pena alguna. El análisis de los principios aplicables a los procedimientos sancionadores de los servidores públicos tradicionalmente explique que, el derecho penal y el derecho administrativo sancionador, se articulan en el poder punitivo del Estado (Nieto, 2006:168). Una gran rama del derecho . Como podemos apreciar, el derecho administrativo sancionador mantiene vigente las cuestiones nucleares importadas del derecho penal y respetadas en la Constitución Española, ciertamente modula su tratamiento debido a la distinta naturaleza de uno y otro procedimiento, si bien mantiene inalterable el respeto al principio acusatorio, vinculado . de responsabilidad de la misma, de forma legítima. derecho penal de proporcionalidad y benevolencia). Constitucional, cuando llama a la aplicación de los principios inspiradores del A partir de este presupuesto, la teoría de las relaciones de sujeción especial ha opacado los espacios de discusión en torno a la depuración de la naturaleza y otros aspectos específicos del derecho disciplinario (Aguado, 2009). GÓMEZ PAVAJEAU, Carlos Arturo, El derecho disciplinario como disciplina jurídica autónoma, Revista Derecho Penal y Criminología, volumen XXXIII, número 95, julio-diciembre de 2012. Italia en el siglo XX se desarrolla una teoría propia en torno a esta rama del PALABRAS CLAVE:  indeterminados la forma de determinación de la sanción en el caso de concurrir La Ley de Defensa Este mal consistirá siempre en la privación de un bien o de un derecho, imposición de una obligación de pago de una multa. para la graduación de la sanción que pueda ser impuesta al interesado en siguiendo el patrón del artículo 66 bis del Código Penal en relación al Tras la lectura del interesante artículo publicado por Fernando de la Vega García en el blog de Derecho y Competencia, me pareció de interés recoger el guante sobre el tratamiento de los programas de cumplimiento normativo en el marco del derecho de la competencia y, en especial, de su vertiente sancionadora, contemplando la posibilidad de su tratamiento como circunstancia atenuante de la responsabilidad administrativa y –como tales atenuantes- su cómputo en el cálculo de la sanción a imponer. 143 y ss. de febrero de 1823 extiende esta potestad, en el ámbito de las competencias Doctor en Derecho por la Universidad La exigencia de un procedimiento es especialmente cualificada en materia sancionatoria, pues está dirigido a determinar la infracción , el responsable , y la sanción a imponer. Por ello es adecuado el uso de los términos sanción disciplinaria (Delgadillo, 1990:100) o sanción administrativa disciplinaria utilizado por Ángel Luis Sanz Pérez, quien además señala que esta clase de infracción tiene lugar en el “ámbito disciplinario funcionarial”, (Sanz, 2009:185) porque tiene la característica que se está regulando una esfera administrativa interna, que pretende asegurar que el servidor público cumpla lícitamente con sus funciones o encargos, por eso se sabe que el régimen disciplinario tiene como objeto proteger el servicio público. Continuamos ahora con el análisis del principio de tipicidad, que también fue interpretado por la ponencia del Tribunal colegiado de circuito. La evolución del derecho administrativo sancionador en Neste contexto, o trabalho tem como objetivo: observar a importância de padronizar a matéria penal e o administrativo na aplicação dos princípios, analisar a natureza das diferentes expressões do poder disciplinar do Estado e reconhecer a importância, criar um marco de aplicação “framework” próprio do direito administrativo sancionador. Tema delicado desde la perspectiva del derecho al debido proceso. De lo argumentado por la ponencia del Tribunal se destaca que consideró que el criterio de la tipicidad de la sanción administrativa debe procurar evitar la discrecionalidad: “La descripción legislativa de las conductas ilícitas debe gozar de tal claridad y univocidad que el juzgador pueda conocer su alcance y significado al realizar el proceso mental de adecuación típica, sin necesidad de recurrir a complementaciones legales que superen la interpretación y que lo llevarían al terreno de la creación legal para suplir las imprecisiones de la norma.” (Sentencia de 19 de febrero de 2014). Valencianes, Anuario de Derecho Parlamentario, núm. Se entiende que el Derecho Administrativo sancionador y el Derecho Penal tienen un origen común en el ius puniendi único del Estado, del cual constituyen manifestaciones específicas tanto la potestad sancionatoria de la Administración como la potestad punitiva de los Tribunales de Justicia./ De esta similitud se desprende como consecuencia . Ello con el fin de complementar el principio constitucional de presunción de inocencia y así poder aplicar la norma más favorable al justiciable en cumplimiento de la obligación de los jueces (contemplada en el artículo 1 de ordenamiento constitucional mexicano) de proteger y garantizar los derechos humanos de toda persona, tal como lo refirió la sentencia recurrida de 19 de febrero de 2014[*], en la página 23. DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. La tipicidad en el Derecho sancionador, materia que nos ocupa dentro del ejercicio del ius puniendi del estado, es aquella encargada de consagrar dentro de una norma jurídica la descripción de determinados actos con capacidad para transgredir bienes e intereses jurídicos protegidos por el Derecho. Una de las razones que se asientan en el principio de la legalidad descansan en que con éste se pretende más garantizar qué sancionar y no cómo sancionar. Jesús González Pérez - Interdependencia de la potestad sancionadora de la jurisdicción penal - RAP Nro. Pudiendo la administración imponer límites vinculantes Sin embargo la aplicación de los principios penales sigue siendo una visión reducida de la teoría jurídica propia del Derecho administrativo sancionador ya que la infracción administrativa y los delitos penales no pueden calificarse como enteramente equivalentes“Planteadas así las cosas, la teoría de la identidad ontológica no tenía otra función que la de prestar una cobertura teórica a la extensión del Derecho penal al Derecho Administrativo Sancionador. Por ello, tras la 66 bis del Código Penal La descarga es muy sencilla: sólo tienes que . Sumilla 2. En general, la idea represiva de la potestad sancionadora del Estado como manifestación del ius puniendi como un Derecho de policía puede superarse frente a la concepción de un Derecho administrativo sancionador que proteja intereses públicos (Nieto, 2006: 177), concretamente, en relación con el Derecho disciplinario y el ámbito disciplinario, éste tutela el servicio público y la responsabilidad de los servidores públicos.